En medio de agresiones y provocaciones, en un tiempo más que limitado y con un formato de discusión rígido, se discutieron algunos de los temas cruciales para el país, entre ellos los relacionados con el medio ambiente.
De entrada, llama la atención y preocupa la prevalencia, entre los tres candidatos de visiones y propuestas tecnocráticas. Para responder a la sequía y a la escasez de agua que afectan de manera creciente a las ciudades y al campo y que son problemas cada vez más sentidos, se propone sobre todo la construcción de infraestructura. Parecieran ignorarse los impactos de la construcción de grandes presas y trasvases en los territorios, donde se han inundado tierras comunitarias, donde se pierde el agua de los ecosistemas para enviarla a zonas urbanas e industriales, donde no existen y debieran existir, esquemas de manejo de cuencas para captar y retener agua. Tampoco se considera la profunda desigualdad en el acceso al agua que existe en México, el acceso precario al agua para millones de personas, junto al uso dispendioso del agua por parte de refresqueras, cerveceras, huertas de aguacate, mineras, y desarrollos turísticos, que acaparan las concesiones de agua, que creo la Ley salinista de Aguas Nacionales (LAN) de 1992. Sólo la candidata ClaudiaSheinbaum, en el debate y en su programa de gobierno, asume el compromiso de modificar la LAN y de sustituirla por una ley basada en el reconocimiento del derecho humano al agua, como hace la Constitución en su artículo 6º desde 2012. La candidata Xóchitl Gálvez propone, en cambio, duplicar el presupuesto de la Conagua, capturada por los grandes concesionarios, y acusada repetidamente de corrupción en el manejo del presupuesto y de las concesiones de agua.
El tema ambiental central en el debate es el del cambio climático global. Preocupa la orientación y la narrativa con que se aborda este tema, para la que la reducción de emisiones de gases de invernadero (GEI), a partir de la instalación masiva de paneles solares, la versión de la transición energética suscrita por Gálvez y Jorge Álvarez Máynez solucionará los graves impactos del cambio del clima en México, ignorando que aún si se lograra la reducción significativa de las emisiones globales en el corto plazo, tomará décadas estabilizar el cambio del clima, o sea que aun así, los impactos se seguirán produciendo. México emite el el 1.4 por ciento de las emisiones globales de GEI, pero prácticamente el conjunto del territorio del país y su población es vulnerable a la pérdida de cosechas por sequía, a las plagas e incendios forestales, a los huracanes, las lluvias torrenciales e inundaciones y al cambio de distribución geográfica de los vectores de enfermedades como el paludismo y el dengue. En México atender a esta vulnerabilidad creciente debe ser prioridad de la política climática. Tanto Máynez como Sheinbaum reconocieron la necesidad de justicia climática; él primero mencionó que las emisiones de GEI del 1 por ciento más rico de los mexicanos equivalen a las del 80 por ciento con menores recursos, pero ninguno de ellos hizo planteamientos para la reducción del consumo dispendioso de energía y las emisiones de los más ricos del país, ni tampoco se habló del crecimiento de la demanda de minerales y del extractivismo que implicaría la transición basada únicamente en “energías limpias”.
Quedaron sin tratar problemas críticos, como los del sistema alimentario del país, orientado a la exportación y dependiente en gran medida de las importaciones de productos básicos, y controlado por unas cuantas corporaciones agroindustriales y alimentarias. De la producción agrícola basada en el uso indiscriminado de 250 agrotóxicos autorizados en el país, a pesar de que generan severa contaminación de agua y suelos y graves problemas de salud pública. Aún, cuando 150 de estos insecticidas y herbicidas están prohibidos en Europa y algunos en Sudamérica, el poder de las corporaciones de insumos agrícolas ha impedido el avance de una agenda de derechos humanos y sustentabilidad en este campo. De nueva cuenta, las poblaciones rurales, y en especial los niños jornaleros, son los más expuestos a estos tóxicos y los más vulnerables a sus consecuencias.
Tampoco se discutieron los abusos y los impactos de la minería, cuando el 10% del territorio nacional está sujeto a concesiones, y éstas existen en 74 Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino. Cuando numerosos proyectos mineros han generado contaminación de los cuerpos de agua; cuando se permite el uso de cianuro, arsénico y mercurio en las operaciones mineras. Sólo en el plan de trabajo de Sheinbaum se asume el compromiso no otorgar nuevas concesiones mineras y de sostener los avances de la Ley de Minería de 2023. No es de extrañar que Gálvez no se pronunciara sobre el tema cuando como senadora se opuso se opuso férreamente a la aprobación de la ley que reconoce derechos de las comunidades indígenas y restringe el acceso privilegiado al agua y a la tierra para las corporaciones. Esta Ley resultado de la larga movilización de las comunidades víctimas que ha sido impugnada por la coalición a la que pertenece Gálvez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reclamado que se declare inconstitucional.
No fueron discutidos, los problemas en los ecosistemas y en la salud, que genera la producción creciente de residuos y la ausencia de su manejo, aún en el caso de los residuos peligrosos y de manejo especial. Problemas que requieren se legisle y se impulse la reducción de la producción de plásticos, el impulso de una real economía circular, la prohibición de la importación de residuos de otros países para ser incinerados en México, y el imponer a las empresas que elaboran los productos la responsabilidad de la gestión de los residuos que general.
Quedaron sin mencionase las presiones presentes en las áreas forestales del país, que se extienden en el 70% del territorio nacional, que se ven afectadas por plagas e incendios de intensidad cada vez mayor, que las comunidades forestales deben combatir sin el apoyo que en el pasado brindó la Comisión Forestal cuyo presupuesto en el sexenio cayó en 80%. Comunidades forestales, cientos de las cuales han llevado a cabo durante años, actividades de protección y aprovechamiento sustentable de bosques y selvas y que hoy enfrentan la presencia de grupos criminales que las extorsiona y talan ilegalmente sus bosques, en condiciones de ausencia del Estado.
Al enumerar los temas pendientes, y las limitaciones de los que se plantearon en el debate entre los candidatos a la presidencia, se busca insistir en la necesidad de que los graves problemas socioambientales de México sean ampliamente debatidos y sobre todo apropiados por la ciudadanía. Para contribuir en este reto urgente, un amplio grupo de especialistas elaboramos la Agenda socioambiental 2024. Diagnósticos y problemas, que pueden descargar aquí.
